Innova Ibérica
Implanta un sistema interno de información conforme a la Ley 2/2023 y la Directiva (UE) 2019/1937. Gestiona comunicaciones internas con confidencialidad, anonimato y trazabilidad completa.
Si buscas un software whistleblowing, una solución para canal ético o una plataforma de canal de denuncias para empresas, Innova Ibérica dispone de una solución preparada para reforzar el cumplimiento y la diligencia debida.
Ver software Innova EthicsUn canal de denuncias es un sistema interno que permite a empleados, colaboradores o terceros comunicar irregularidades, incumplimientos normativos o conductas contrarias al código ético de una organización.
La Ley 2/2023 obliga a muchas empresas a disponer de este canal, garantizando la protección del informante, la confidencialidad de la información y la correcta gestión de los expedientes.
Además de ser una obligación legal en numerosos supuestos, el canal de denuncias para empresas es una herramienta clave para reforzar la cultura ética, prevenir riesgos legales y reputacionales y demostrar que la organización dispone de procedimientos adecuados de control interno.
Un sistema interno de información bien implantado permite recibir comunicaciones, tramitar expedientes, custodiar evidencias, controlar plazos y documentar actuaciones con mayor consistencia y seguridad jurídica.
✔ Cumplimiento de la Ley 2/2023 y normativa europea
✔ Protección del denunciante y confidencialidad
✔ Prevención de riesgos legales y reputacionales
✔ Evidencia de diligencia debida
✔ Mejora del control interno
✔ Refuerzo de la cultura ética
✔ Mayor trazabilidad en expedientes y decisiones
✔ Mejor preparación ante auditorías y revisiones
Para cumplir correctamente con la normativa, las organizaciones necesitan un software de canal de denuncias que permita gestionar comunicaciones, controlar plazos, documentar actuaciones y garantizar la trazabilidad.
Un software whistleblowing ayuda a profesionalizar la gestión del canal ético, centralizar expedientes, ordenar evidencias y reforzar la seguridad del proceso, evitando que el sistema dependa de correos, documentos dispersos o controles manuales difíciles de auditar.
Innova Ethics es una solución diseñada específicamente para cubrir estos requisitos, proporcionando un entorno seguro, auditable y alineado con la legislación vigente.
Si tu organización necesita implantar un canal de denuncias para empresas, adaptar su sistema interno de información a la Ley 2/2023 o reforzar la protección del informante con una plataforma segura, Innova Ethics es la solución especializada del ecosistema de Innova Ibérica.
Un canal de denuncias eficaz debe ofrecer confidencialidad, posibilidad de anonimato, control de accesos, trazabilidad de actuaciones, custodia de evidencias y un sistema claro de seguimiento del expediente. También debe permitir gestionar los plazos, documentar la investigación y acreditar la diligencia debida de la organización.
Además, el sistema debe integrarse de forma coherente dentro del modelo de compliance de la empresa, pudiendo complementarse con herramientas de gestión de riesgos y compliance, canal de consultas internas y formación corporativa.
Este enfoque integral ayuda a que el canal ético no sea solo un requisito formal, sino una pieza real del sistema de control interno, cultura ética y gobernanza de la organización.
Las empresas de más de 50 empleados y entidades públicas deben disponer de un canal interno de información.
Sí, el sistema debe permitir comunicaciones anónimas si así se configura.
No es obligatorio, pero sí altamente recomendable para garantizar cumplimiento, trazabilidad y seguridad jurídica.
Es el conjunto de medios, procedimientos y responsabilidades que permite recibir, tramitar, investigar y resolver comunicaciones internas relacionadas con posibles irregularidades o incumplimientos.
La Ley 2/2023 establece la obligación en función del tamaño de la organización. Esta tabla resume los plazos y requisitos por tipo de empresa:
| Tipo de organización | Umbral | Obligación | Sanción máxima |
|---|---|---|---|
| Empresa privada grande | ≥ 50 trabajadores | Obligatorio | 1.000.000 € |
| Sector financiero y seguros | Cualquier tamaño | Obligatorio | 1.000.000 € |
| Administración pública | Cualquier tamaño | Obligatorio | 1.000.000 € |
| Empresa privada mediana | 50–249 trabajadores | Obligatorio (compartido) | 600.000 € |
| Empresa pequeña | < 50 trabajadores | Voluntario (recomendado) | — |
La ley no solo obliga a tener un canal — también regula cómo debe funcionar. Estos son los requisitos técnicos y organizativos obligatorios:
Confidencialidad garantizada
La identidad del denunciante debe protegerse en todo momento. El acceso a los datos debe estar restringido a las personas responsables de la gestión.
Acuse de recibo en 7 días
La organización debe confirmar la recepción de la denuncia en un plazo máximo de 7 días hábiles desde su presentación.
Respuesta en 3 meses
El denunciante debe recibir información sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 3 meses (prorrogable otros 3 en casos complejos).
Prohibición de represalias
La ley prohíbe expresamente cualquier represalia contra el denunciante. El canal debe incluir mecanismos para detectar y prevenir estas situaciones.
Registro de denuncias
Todas las denuncias deben registrarse con fecha, materia y estado. Los datos deben conservarse durante 10 años con las garantías del RGPD.
Posibilidad de denuncia anónima
El canal debe permitir denuncias anónimas. La organización puede optar por investigarlas aunque no esté obligada cuando no aporten indicios suficientes.
La Ley 2/2023 entró en vigor en marzo de 2023. Las empresas de más de 250 trabajadores debían tener el canal implantado desde ese momento. Las de entre 50 y 249 trabajadores dispusieron de un plazo adicional. En cualquier caso, a día de hoy la obligación ya es exigible para todas las organizaciones afectadas.
No. La Ley 2/2023 exige que el canal de denuncias sea independiente del departamento de RRHH, esté gestionado por una persona con autonomía suficiente (internal o external compliance officer) y garantice la confidencialidad técnica. Un buzón interno de RRHH no cumple estos requisitos.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) puede imponer sanciones de hasta 1.000.000 € por carecer de canal o por tener un canal que no cumple los requisitos legales. Además, la ausencia de canal puede usarse como elemento agravante en procedimientos penales relacionados con delitos cometidos en el seno de la organización.
Sí, y es recomendable aunque no obligatorio. Muchas organizaciones menores de 50 empleados lo implantan voluntariamente para reforzar la cultura de cumplimiento, diferenciarse en licitaciones públicas o cumplir con requisitos de sus clientes y proveedores.
El canal interno es gestionado por la propia organización (compliance officer). El externo es gestionado por un proveedor especializado externo, lo que puede aportar mayor percepción de independencia por parte del denunciante. La ley permite ambas modalidades y también el uso compartido entre empresas del mismo grupo.
Implantar un canal de denuncias que cumpla con la Ley 2/2023 implica cuatro decisiones fundamentales: quién lo gestiona, cómo se accede, qué ocurre cuando llega una denuncia y cómo se documenta el proceso.
La primera decisión es la elección del gestor del canal. La ley permite que sea un empleado interno (compliance officer o persona con autonomía suficiente) o un tercero externo. La opción externa aporta mayor percepción de independencia por parte del denunciante, especialmente en organizaciones pequeñas donde el compliance officer también desempeña otras funciones directivas.
La segunda decisión es el canal de acceso. La ley exige que el canal sea accesible de forma escrita y oral, por lo que la solución tecnológica debe permitir al menos comunicaciones escritas con garantías de confidencialidad. La mayoría de las plataformas permiten también carga de documentos, lo que facilita adjuntar evidencias sin revelar la identidad del denunciante.
La tercera decisión es el protocolo de gestión. Cada denuncia debe tener un proceso definido: recepción, acuse de recibo, apertura de investigación, medidas cautelares si aplican, resolución y comunicación al denunciante. Este protocolo debe estar documentado en una política interna que forme parte del programa de compliance.
La cuarta decisión es la formación y comunicación interna. El canal de denuncias solo funciona si los empleados saben que existe y confían en él. Esto requiere una campaña de comunicación interna en el momento del lanzamiento y acciones periódicas de recuerdo, así como formación específica para los responsables de gestionar las denuncias.
El error más frecuente es confundir cumplimiento técnico con canal efectivo. Muchas organizaciones crean un buzón de correo electrónico o un formulario básico, marcan la casilla de "canal implantado" y dan el proceso por cerrado. Un canal así cumple formalmente pero no aporta ningún valor: los empleados no lo usan porque no confían en él y la organización pierde la oportunidad de detectar problemas antes de que se conviertan en escándalos.
El segundo error es no definir quién gestiona las denuncias antes de implantar el canal. Si no hay un responsable claro con tiempo y autoridad para investigar, las denuncias se acumulan sin respuesta, lo que es peor que no tener canal: genera responsabilidad sin el beneficio de la diligencia debida.
El tercer error es ignorar la confidencialidad técnica. Un formulario de Google Forms o un buzón de correo corporativo no ofrecen las garantías técnicas que exige la ley. La plataforma debe asegurar que ni el administrador del sistema pueda vincular la denuncia con la identidad del denunciante si este ha elegido el anonimato.
Solución especializada
Innova Ethics es la plataforma especializada de Innova Ibérica para este ámbito. Diseñada para implantarse de forma rápida y con todas las garantías de trazabilidad y seguridad jurídica.